Análisis del rumbo del ministro de Comunicaciones Mustafa Sand hacia la prohibición de Waze en Irak y las mejores alternativas
El ministro de Comunicaciones Mustafa Sand anunció un rumbo hacia la prohibición de la aplicación de navegación Waze en Irak, mientras que la Autoridad de Medios y Comunicaciones afirma que no se ha emitido una decisión de bloqueo. Este análisis repasa los hechos y plantea alternativas regulatorias que logren el objetivo de seguridad sin perjudicar a los ciudadanos ni a la economía digital.

Análisis | La aplicación de navegación Waze sigue funcionando en Irak por ahora, pero su futuro quedó en suspenso entre un rumbo anunciado por el ministro de Comunicaciones Mustafa Sand para prohibirla y la afirmación de la Autoridad de Medios y Comunicaciones de que aún no se ha tomado una decisión de bloqueo. El caso plantea una pregunta más amplia que una sola app: ¿cómo puede el Estado alcanzar sus objetivos soberanos y de seguridad sin que millones de conductores y empresas de transporte y reparto paguen el costo de la medida?
Qué se ha anunciado hasta ahora
El 6 de octubre de 2026, al margen de una feria tecnológica en Erbil, el ministro Sand anunció que el ministerio se encamina a prohibir Waze a comienzos de 2027, justificándolo por el origen israelí de la aplicación y señalando que hay alternativas para los usuarios, como Google Maps y aplicaciones iraquíes. Ese mismo día, el ministro emitió un comunicado en el que dijo: «Decidimos anular nuestra decisión de prohibir la aplicación Waze a comienzos de 2027 y adelantar la decisión hasta finales del próximo diciembre».
Waze fue fundada en Israel y luego adquirida por la empresa estadounidense Google en 2013, y el rumbo gubernamental está vinculado a la posición oficial iraquí respecto de Israel: una ley aprobada por el Consejo de Representantes en 2022 penaliza cualquier relación política, económica o cultural con ese país.
El 22 de octubre, el ministro dijo durante un foro sobre gobernanza de Internet en Bagdad que «no existe una prohibición sobre la aplicación Waze», y añadió: «No he dado marcha atrás respecto a prohibir Waze, y habrá aplicaciones alternativas», explicando que jóvenes iraquíes y empresas locales habían presentado al ministerio propuestas de aplicaciones de mapas y de monitoreo del tráfico.
Posición de la Autoridad de Medios y Comunicaciones
En contraste, el presidente de la Autoridad de Medios y Comunicaciones, Baligh Abu Klal, dijo que no se ha tomado una decisión para cerrar la aplicación y que prohibir cualquier app requiere una investigación minuciosa y procedimientos completos, asegurando que «Waze seguirá disponible hasta que se decida». Añadió durante el mismo foro que Irak mantiene relaciones con Google y utiliza sus servicios, y que es improbable bloquear parte de sus aplicaciones por el origen institucional de la empresa, aunque apoyó que se respalde a desarrolladores iraquíes, reconociendo que eso «no es fácil».
Así, el escenario actual parece ser un rumbo ministerial anunciado, no una decisión regulatoria ejecutiva, en medio de una clara divergencia entre el ministerio y el organismo regulador del sector de las telecomunicaciones.
Reacciones parlamentarias y populares
La integrante de la comisión parlamentaria de Transporte y Comunicaciones, Muna Suwadi, pidió al ministerio no precipitarse, subrayando que la seguridad nacional es prioridad pero que la protección de los intereses de los ciudadanos y la continuidad de sus actividades es igualmente importante. Señaló que la comisión recibió solicitudes de empresas de reparto y de entidades que dependen de la aplicación para organizar sus operaciones y trazar rutas, y exigió aclarar las razones técnicas y de seguridad y buscar alternativas antes de cualquier decisión final. El anuncio también generó una amplia oleada de comentarios en redes sociales, algo que el propio ministro reconoció al vincular el cambio de fecha con la reacción ciudadana.
Por qué dependen los iraquíes de Waze
Waze se basa en los reportes en tiempo real de millones de conductores sobre atascos, accidentes, cortes y desvíos, y recalcula automáticamente las rutas para evitarlos. En ciudades como Bagdad, donde la congestión consume horas de la jornada de un trabajador o un taxista, la aplicación se ha convertido en una herramienta de trabajo diaria para conductores de taxi, empresas de reparto y transporte, además de orientar ambulancias, servicios de emergencia y viajeros entre provincias. Cualquier interrupción repentina implica más tiempo en ruta, más combustible y mayores costos operativos que finalmente se trasladan al consumidor.
Crítica constructiva al rumbo de la decisión
No hay disputa sobre el derecho del Estado a proteger los datos de sus ciudadanos y su seguridad, ni sobre la importancia de apoyar las capacidades iraquíes en desarrollo de software. Pero la manera de manejar el asunto suscita observaciones que merecen revisión:
- Base legal poco clara: Hasta ahora no se ha publicado ningún documento oficial que establezca el fundamento legal de la prohibición, ni el mecanismo de ejecución, ni si abarcaría la región del Kurdistán, ni cuál sería la autoridad competente para emitirla.
- Adelantar la fecha en lugar de consultar: Trasladar la fecha de principios de 2027 a finales de diciembre tras las críticas dio la impresión de una escalada, cuando lo conveniente habría sido abrir un proceso de consulta con los afectados.
- La alternativa debe preceder a la prohibición, no seguirla: Una aplicación de navegación exitosa requiere una base de datos geográfica precisa, una red vial actualizada constantemente, sistemas de enrutamiento y datos en vivo sobre tráfico y siniestros; es un sistema que se construye en años, no en semanas.
- El estándar de protección de datos es más amplio que una sola aplicación: Si el objetivo es proteger los datos de localización, otras aplicaciones de amplia difusión recopilan datos similares, por lo que establecer normas unificadas de protección que abarque a todas sería más eficaz que bloquear una sola app.
Riesgos de la prohibición para la economía digital
Las experiencias de bloqueo de aplicaciones en varios países muestran que los usuarios recurren rápidamente a redes privadas virtuales (VPN), con lo cual el uso de la app bloqueada puede continuar en la práctica, mientras el Estado pierde capacidad de regulación y seguimiento, y los usuarios quedan expuestos a aplicaciones intermedias desconocidas que pueden ser más peligrosas para sus datos. Además, las decisiones repentinas en el sector digital envían una señal preocupante a inversores y a empresas tecnológicas emergentes que construyen servicios sobre plataformas globales, justo cuando Irak busca la transformación digital y atraer inversión.
Experiencias de países que optaron por regular en lugar de bloquear
En Francia, el legislador abordó la cuestión de las notificaciones sobre puntos de control mediante regulación, no bloqueo. La ley de movilidad de diciembre de 2019 y el decreto de aplicación de abril de 2021 permitieron a los prefectos y al ministro del Interior pedir a las aplicaciones de navegación, incluida Waze, que oculten temporalmente la ubicación de ciertos tipos de puestos de control: hasta dos horas para controles de alcohol y drogas y hasta 12 horas para otros puntos ligados a delitos graves, terrorismo o secuestro, dentro de un ámbito geográfico determinado. Las empresas que incumplan pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros. El Ministerio del Interior francés diseñó este mecanismo en consulta con las empresas de navegación, y el Consejo Constitucional francés confirmó su constitucionalidad en noviembre de 2021.Comunicado oficial del gobierno francés)
En materia de cooperación, el programa gratuito «Waze for Cities» permite a municipios y autoridades de tránsito intercambiar datos con la aplicación: las entidades gubernamentales proveen al servicio información sobre cortes, obras y accidentes, y a cambio reciben datos anonimizados sobre velocidades y congestión para mejorar la gestión semafórica y la respuesta ante emergencias. La página del programa muestra experiencias de ciudades y entidades como Gante (Bélgica), el Principado de Mónaco, Río de Janeiro (Brasil) y Chicago (EE. UU.).Página del programa Waze for Cities)
Recomendaciones prácticas para el Ministerio de Comunicaciones
- Negociar con la empresa propietaria antes de prohibir: Si los puestos de control y las barreras de seguridad son motivo de preocupación, se puede exigir que la aplicación oculte esas localizaciones en Irak, siguiendo la vía técnica y probada similar a la francesa.
- Sumarse al programa Waze for Cities: La Dirección General de Tránsito, la Municipalidad de Bagdad y los gobiernos locales pueden obtener gratuitamente datos de congestión y alimentar la aplicación con información oficial sobre cortes y desvíos, lo que beneficia tanto a conductores como a los servicios de emergencia.
- Marco legal claro: Emitir normas escritas que definan cuándo y cómo se puede bloquear una aplicación, cuál es la autoridad competente y el mecanismo de apelación, en coordinación con la Autoridad de Medios y Comunicaciones como órgano regulador.
- Ley de protección de datos personales: Obligar a todas las aplicaciones, locales y extranjeras, a cumplir estándares unificados en la recolección y almacenamiento de datos de localización, en lugar de tratar cada aplicación por separado.
- Consulta pública con los afectados: Involucrar a empresas de reparto y transporte, sindicatos de conductores, expertos en tecnología y a la comisión parlamentaria de Transporte y Comunicaciones antes de tomar cualquier decisión.
- Alternativa local en la práctica, primero: Apoyar aplicaciones iraquíes es positivo, pero lo más eficaz es que esas alternativas se lancen, se prueben y demuestren su eficacia en competencia real; si funcionan, atraerán usuarios sin necesidad de prohibiciones, tal como previó el propio ministro al decir que la aparición de alternativas reduciría el uso de Waze.
Conclusión
El objetivo declarado por el ministro —reforzar la soberanía digital y fomentar las capacidades iraquíes— es legítimo y merece apoyo. Pero el camino más corto y menos costoso pasa por la regulación, la negociación, la legislación y la construcción de una alternativa competitiva, no por un bloqueo que podría penalizar a los ciudadanos y a la economía digital, y que en la práctica puede seguir eludiéndose mediante redes privadas virtuales.



